La ley ordena la protección del trabajo para víctimas de femicidio frustrado o tentado a través de un fuero laboral, la posibilidad de adecuación temporal de funciones por el período de un año desde la perpetración del hecho, además de la justificación de ausencias para comparecer a investigaciones o procedimientos judiciales.

Esta Ley establece medidas de reparación por parte del Estado, destacando dentro de ellas el derecho a pensión de los hijos e hijas de las víctimas de femicidio o suicidio femicidia.