Ley de Delitos Económicos
Santiago de Chile, 11 de agosto 2023
Esta ley endurece las penas y el tratamiento procesal de delitos conocidos como “de cuello y corbata”. Tras su promulgación a principios de este mes, hay un plazo de 10 días corridos para la publicación de la nueva ley en el Diario Oficial, lo que debería materializarse a más tardar este sábado 12 de agosto.
La nueva ley tiene implicancias laborales, ya que se incluyen delitos relativos al pago y retención de cotizaciones previsionales; al salario de los trabajadores; a delitos negligentes, y en contra de la seguridad individual de las personas. También establece que las empresas deberán tener un modelo de prevención interno que recoja la normativa, se mantenga actualizado y sea eficiente, así como la obligación de contar con un encargado de prevención del delito u oficial de cumplimiento -interno o externo- que vele por el funcionamiento del modelo de prevención. El plazo para ajustar o crear un modelo de prevención que se ajuste a la nueva ley es de 13 meses desde la publicación en el Diario Oficial, es decir hasta septiembre de 2024.
Además, las empresas deberán ofrecer capacitaciones de prevención de delitos económicos, y hacer seguimiento de esas capacitaciones y posibles incumplimientos.
Esta ley refuerza aún más la relevancia de contar con un modelo de prevención del delito eficaz, con encargados(as) de prevención, capacitaciones permanentes y documentos laborales debidamente actualizados en el Portal Mi DT.
Las principales novedades de la Ley de Delitos económicos son:
Se amplía el catálogo de delitos económicos, organizados en cuatro categorías, entre las que se incluyen nuevos delitos medioambientales que recibirán el tratamiento penal de los delitos económicos.
Se establece una nueva pena para todo delito económico denominada “días-multa”, calculada en función del tiempo de condena y el ingreso diario promedio líquido, así como el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito.
Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales, como director o ejecutivo principal en cualquier entidad pública o privada, así como la inhabilidad para contratar con el Estado
Se endurecen las penas y se aumentan los requisitos para acceder a penas sustitutivas o beneficios.
